La Diputación de León Presenta un Recurso Contra la Autorización del Itacyl para el Uso de la Uva Godello por la DO Rueda

Godello
La Diputación de León ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que permite a la Denominación de Origen (DO) Rueda el uso de la variedad de uva godello.

El recurso, firmado por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, solicita la anulación de esta autorización por considerarla procedimentalmente defectuosa y carente de justificación adecuada. Asimismo, pide una suspensión cautelar de la resolución mientras se resuelve el recurso.

La Diputación argumenta que esta decisión perjudica gravemente a los productores de la DO Bierzo, que tiene el godello como variedad principal de sus vinos blancos y que ha realizado un esfuerzo considerable en la mejora de la calidad de sus productos.

Además, la institución provincial destaca su compromiso con el desarrollo económico y social de la región, colaborando con los productores para obtener certificaciones de calidad alimentaria y promoviendo productos con denominaciones de origen protegidas. Esta postura fue respaldada en el último pleno de la corporación, donde se aprobó una declaración institucional en defensa de la DO Bierzo, con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox, que se abstuvo.

La Diputación también señala que solicitó el 11 de septiembre el acceso al expediente relacionado con la decisión del Itacyl, pero aún no ha recibido la documentación completa, lo que limita su capacidad para argumentar adecuadamente en el recurso. Además, considera que el Consejo Regulador de la DO Rueda no ha justificado de manera satisfactoria la necesidad de incorporar nuevas variedades, incumpliendo los requisitos de motivación exigidos por la normativa.

Finalmente, la Diputación critica la falta de publicidad de la decisión, al no haberse publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que impide que otras DO afectadas tengan conocimiento de la resolución y la posibilidad de presentar oposición en el plazo legal correspondiente