UPL presenta una PNL en defensa del Instituto de Medicina Legal de Ponferrada
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León para instar al Gobierno de España a mantener el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ponferrada con sus actuales servicios, funciones, categoría y personal. La iniciativa surge tras conocerse que el Ministerio de Justicia estaría elaborando un plan de reestructuración forense que podría implicar el traslado de este instituto a la ciudad de León.
Desde UPL han manifestado su firme rechazo a este posible traslado, denunciando la falta de claridad del Ministerio sobre el futuro de otros servicios asociados, como las pruebas periciales o el equipo psicosocial. El secretario comarcal de UPL-Bierzo y procurador en las Cortes, José Ramón García, criticó al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, por lo que calificó como "mentiras hacia el leonesismo" en torno a este asunto.
Rechazo al traslado y apuesta por el refuerzo del servicio
La formación leonesista se opone rotundamente a cualquier reducción de servicios, categoría o personal del Instituto de Medicina Legal de Ponferrada. En lugar de ello, la PNL registrada por UPL solicita al Gobierno de España que refuerce el servicio con la contratación de un forense adicional y un aumento del equipo psicosocial, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía del Bierzo.
Según UPL, es fundamental tener en cuenta tanto la población de Ponferrada y la comarca del Bierzo como su ubicación geográfica, a más de 100 kilómetros de León. La formación argumenta que trasladar el Instituto a la capital provincial supondría un grave perjuicio para la comarca y critica la tendencia a centralizar los servicios en las capitales, cuando algunos pueden seguir operando con eficacia en otras localidades.
Con esta iniciativa, UPL busca garantizar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ponferrada continúe prestando un servicio esencial a la comarca del Bierzo sin sufrir recortes ni traslados que puedan afectar a su operatividad y a la atención a la ciudadanía.