Jornada laboral de 35 horas en la Junta de Castilla y León para los más de 90.000 trabajadores de la Administración autonómica.

La conciliación laboral, que busca equilibrar la vida profesional y personal de los trabajadores, ha sido reconocida como un factor clave para su bienestar y salud. Aunque este concepto puede parecer moderno, su importancia se reconoció décadas atrás. En 1981, la Organización Internacional del Trabajo enfatizó la atención hacia los trabajadores con responsabilidades familiares.

Desde entonces, la conciliación entre el trabajo y la vida privada ha sido un tema recurrente a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico, reflejando la nueva realidad social. Reformas legislativas significativas, como la Ley de 1999 para promover la conciliación laboral y familiar, han sido abordadas en consecuencia.

Tanto empleados públicos como privados enfrentan el desafío de equilibrar su vida laboral y personal, un reto cambiante debido a nuevas demandas familiares o períodos intensos de trabajo. El Estatuto Básico del Empleo Público en España reconoce explícitamente el derecho de los empleados públicos a medidas que favorezcan la conciliación.

Estas medidas, aplicables al personal público, incluyen licencias, reducciones de jornada, permisos para tareas familiares, cuidado de menores y más. Además, una jornada laboral razonable es crucial para facilitar la conciliación. La Junta de Castilla y León ha priorizado reinstaurar la jornada de 35 horas semanales para sus 90,375 empleados.

Aunque se disfrutaba de esta jornada desde 2002, la crisis económica llevó a una jornada de 37.5 horas en 2012. Tras esfuerzos de consolidación fiscal y recuperación económica, la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2023 permitió a las administraciones establecer la jornada de 35 horas.

La Junta de Castilla y León optó por el Decreto-ley 1/2023 para reintroducir la jornada. Con acuerdo sindical, esta medida se efectuó el 1 de junio, excepto para docentes no universitarios (1 de septiembre). Así, se culmina el proceso de recuperación de derechos para empleados públicos, reconociendo su contribución a la recuperación económica y facilitando una conciliación más adecuada.