Manifestación el 15 de abril en Valladolid por el acceso al aborto en la Red Sanitaria Pública

El Movimiento Femisista de León nos ha hecho llegar este pequeño cuestionario de la rueda de prensa realizada el 11 de abril.

¿Por qué estatal?

Porque con esta manifestación queremos denunciar la situación que a día de hoy padecen muchas mujeres en nuestro país cuando deciden interrumpir su embarazo.

En Castilla y León la situación es especialmente adversa, como venimos denunciando desde hace tiempo, pero no es la única comunidad autónoma donde se produce una severa situación de desigualdad ante las IVES en España y lo que ello supone de escollo para la plena la salud sexual y reproductiva.

Eso explica la preocupación que ha hecho que más de 200 entidades del país nos hayamos unido para denunciarlo. Ha habido un olvido interesado y sistemático en varias comunidades de lo que constituye el núcleo del derecho de las mujeres a decidir: que el aborto sea libre, gratuito, en la Red sanitaria pública, bajo criterios de cercanía y respeto a la libre decisión tomada por la mujer, y que dicho derecho sea efectivo, no siga siendo papel mojado. La Sanidad sea una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, el problema está en como la clase política autonómica hace dejación interesada de sus responsabilidades; esto ha propiciado esta situación de hondas desigualdades entre territorios.

Y la situación global tiene visos de empeorar: hemos de recordar como la agenda de la ultraderecha tiene como principio el recorte del derecho al aborto de las mujeres, y cómo estas ideologías se están extendiendo y conquistando poder de decisión en España y en toda Europa.

La legislación estatal es necesaria, fundamental, pero no basta para garantizar de manera efectiva el acceso a las IVEs de las mujeres.   Pero, hoy por hoy, tenemos que desplazarnos  de provincia,  cuando no de Comunidad Autónoma, para poder abortar.

Por todo ello queremos una gran manifestación el 15 de abril en Valladolid, a la que están convocadas las entidades feministas de toda España para hacer valer el derecho al aborto seguro, libre, gratuito y efectivo de las mujeres.

La lucha de las mujeres por el derecho al aborto

La escritora Margaret Atwood lo dice con mucha claridad: “El parto forzado es esclavitud”. Obligar a una mujer a dar a luz es “el reclamo de poseer y controlar el cuerpo de otra persona y beneficiarse de ese reclamo”. Las mujeres reclamamos la propiedad de nuestros cuerpos, y no aceptamos tutelas nio injerencias sobre ese derecho. También reclamamos el derecho de los hijos y las hijas a ser deseados. Sólo una mujer puede decidir si cuenta con el deseo, la capacidad y los medios para tener un hijo o una hija con cierta garantía de felicidad para ambos. Nosotras defendemos el derecho a la vida, sí, pero el derecho a una vida digna para las mujeres y para las criaturas; defendemos el derecho a la maternidad libre y responsable, el derecho de cada mujer a decidir a ser o no ser madre.

Y como ningún derecho se ha conseguido jamás sin luchar por él, hemos mantenido una lucha de siglos para conseguir, entre otros, el derecho al aborto. Lamentablemente, en estos momentos, no sólo tenemos que seguir luchando por ampliar nuestros derechos sino también por mantenerlos. En el caso del derecho al aborto aún tenemos que reclamar que se haga efectivo, pues no lo es totalmente si las mujeres de la mayor parte de la comunidad tienen que desplazarse fuera de su entorno para que pueda ser gratuito y, además, tenemos que reclamar que se lleve a cabo sin acosos, manipulaciones, dilaciones injustificables bajo cualquier punto de vista,con las que se  quiere someter a las mujeres.

Las mujeres seguimos siendo moneda de cambio.  Los recortes en derechos comienzan con nosotras, pero no se detienen ahí. Los ataques a los más vulnerables, a la clase trabajadora, a las personas inmigrantes…siempre tienen en las mujeres sus principales víctimas. Hoy, Castilla y León, con el gobierno de PP y Vox, se ha convertido en el territorio en el que los derechos de las mujeres sufren una mayor amenaza, y ello partiendo de una situación de especial vulnerabilidad dentro del país tras casi cuarenta años de gobiernos conservadores.

Por ello convocamos a todas las mujeres a salir a la calle el próximo día 15 de abril con un pañuelo verde que simboliza la lucha por el derecho al aborto.

 

El oscurantismo del gobierno de Castilla y León respecto a la realidad de lo que ocurre en nuestra Comunidad.

Muy pocas mujeres saben lo que les espera, o les espera a sus hijas o nietas si deciden interrumpir su embarazo en Castilla y León.

Este es un derecho que tienen reconocido por la ley, pero la realidad es muy otra.

El último informe de agosto de 2022 publicado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, maquilla la carencia de recursos públicos para acceder al aborto en esta comunidad.

Afirma el informe que el mayor número de IVE se observa en las provincias de Valladolid y León, que conjuntamente suponen casi la mitad del total. Eso es así únicamente en términos absolutos, ya que son las provincias con mayor población. Si tenemos en cuenta ese sesgo, y contabilizamos los índices de IVEs por cada 10.000 habitantes, los porcentajes van desde el 0,07 de Salamanca (el menor) al 0,13 de Soria y Valladolid.

Otro dato que viene a desmontar las falsas creencias que hay en torno al aborto indica que el mayor número de abortos no se da entre las mujeres más jóvenes si no en mujeres adultas: el 49,76% tienen más de 30 años. En este sentido señalar también que el 48,71% de las mujeres que aborta ya es madre. El perfil que desde las creencias más trasnochadas se trata de dar respecto al aborto es tan falso, manipulador y tendencioso como lo ha sido siempre.

En informe da a entender tendenciosamente que en todas las provincias se están haciendo más abortos financiados que no financiados, cuando en la mayoría de provincias directamente las IVEsno se practican porque no hay recursos, no hay ningún centro ni público ni privado. Son cinco las provincias que no cuentan con ningún recurso ni publico ni privado: Soria, Zamora, Palencia, Segovia, y Ávila. Las mujeres de estas provincias (como mínimo, en el 57,22%)son desplazadas sistemáticamente a otras provincias o a otras Comunidades Autónomas.

El informe señala como un logro que en Burgos el número de IVE financiadas supone el 78,7% del total de las realizadas, pero no menciona que es la única provincia donde se realizan bajo el amparo de la Sanidad Pública. En el resto las opciones son siempre la sanidad privada, y tan sólo en Valladolid está financiada. En el resto de los casos hay que desplazarse sí o sí, u optar por pagarlo del propio bolsillo, lo cual supone una honda discriminación entre territorios y capacidades económicas.

En los datos publicados se señalan los desplazamientos a otras comunidades pero se invisibilizan de nuevo los desplazamientos dentro de la Castilla y León.

En Soria todas las mujeres tienen que desplazarse a otra comunidad autónoma.

Los datos publicados dan a entender, por ejemplo, que en Zamora el 69,62% aborta en la propia provincia, y no consta por ningún lado que las mujeres han de desplazarse a Valladolid.

En León casi el 60% de las mujeres optan la IVE en una clínica privada, Se trata del mayor porcentaje de IVE no financiada, y ello no es casual, al final las mujeres prefieren pagar y acudir a un centro cerca de su casa que desplazarse a otra provincia. Las mujeres han de pagar si quieren evitar dilaciones innecesarias y/o largos desplazamientos claramente disuasorios.

 

El informe también señala que casi el 40% de las mujeres que aborta en Castilla y León no tiene ingresos propios ¿cómo van a desplazarse a otras provincias con el coste que ello tiene no sólo en el viaje, sino en comer o incluso dormir fuera de casa? En un solo día, en una Comunidad Autónoma tan extensa como la nuestra, el desplazamiento puede llegar hasta los 600 Kms.Para tomar referencia de lo que estamos hablando, en Cataluña son más de 70 los Centros de la Red Sanitaria Pública (Hospitales y Centros de Salud) donde se pueden realizar IVES. En Castilla y León hay dos.

Solo el 6,78% de las mujeres se informa en un centro privado, pero más del 42% tienen que pagar por abortar por la falta de centros públicos en su provincia.

En los entornos rurales, la situación de agrava:  el 29,7% de las mujeres de estas zonas se encuentran faltas de medios y transporte.

Un dato que resulta especialmente indignante es que en las provincias más periféricas el aborto financiado se retrasa indebidamente entre dos y tres semanas de media respecto a Valladolid y Burgos, con el coste emocional y físico que ello tiene para las mujeres.

Esta desigualdad entre los territorios de nuestro país es rotunda. Castilla y León está a la cola tanto en acceso al aborto, como en lasIVEsrealizadas en la Sanidad Pública.

El dato más determinante para hacer una radiografía de la situación de Castilla y León es que el 97,69% de los abortos se hacen en clínicas privadas y solo el 2,31% en la red sanitaria pública.

Las mujeres no solo decimos NO a las ocurrencias legislativas de este gobierno ultraconservador de Castilla y León,sino que denunciamos las graves dificultades de acceso a los recursos de la red pública sanitaria para ejercer el derecho al aborto reconocido legalmente y exigimos a todos los gobiernos que hagan accesible y garanticen este servicio en todos los hospitales y centros de salud de la red pública de cada provincia.

Es inadmisible que el aborto sea el único procedimiento que pudiendo hacerse en la sanidad pública se deriva a la sanidad privada.

Por esto EXIGIMOS a todos nuestros gobiernos autonómicos

1- Aplicación de la legislación estatal sobre el aborto de forma inmediata. Aborto en todos los hospitales públicos y en los Centros de Salud.

2.-Acceso a métodos anticonceptivos de última generación y a la píldora del día después que eviten los embarazos no deseados. Esta píldora debería ser suministrada desde los centros de salud.  

3.- Educación sexual y formación en igualdad para que mujeres y hombres sean corresponsables para evitar embarazos no deseados. La falta de una educación sexual es una de las causas del fracaso de la prevención de embarazos no deseados y de la violencia sexual. La educación sexual no puede quedar en manos de la pornografía.

4. -Para que la maternidad se elija libremente, se necesitan políticas públicas que establezcan: servicios públicos, corresponsabilidad fomentando la plena incorporación de los hombres al cuidado y conciliación familiar y laboral que no sea a costa de las mujeres.

5.- -Por último,desdeCastilla y Leóndecimos que no queremos a este gobierno misógino, patriarcal, que no solo es negacionista de la violencia sino que la práctica cuando impide que las mujeres puedan decidir sobre su proyecto de vida, que no fomenta la igualdad y la corresponsabilidad.