ASAJA solicita a la Diputación de León directrices para reembolsar el IBI Rústico a los agricultores
La organización agraria ASAJA ha remitido una solicitud al Presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, solicitando una reunión con el fin de obtener orientación sobre el procedimiento administrativo para que los agricultores y ganaderos de la provincia puedan requerir el reembolso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) relacionado con el desarrollo de sus explotaciones agroganaderas.
La organización agraria ASAJA ha remitido una solicitud al Presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, solicitando una reunión con el fin de obtener orientación sobre el procedimiento administrativo para que los agricultores y ganaderos de la provincia puedan requerir el reembolso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) relacionado con el desarrollo de sus explotaciones agroganaderas.
Este derecho a la exención de la cuota del IBI está destinado a las explotaciones que han experimentado pérdidas de al menos el 20% en 2023 debido a condiciones climáticas y a la situación de los mercados como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania, como establece el Artículo 12 del Real Decreto-Ley 4/2023 del 11 de mayo.
ASAJA entiende que la solicitud de reembolso del IBI debe dirigirse al Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria de la Diputación, que recauda este impuesto en la mayoría de los municipios a los que se les ha delegado esta competencia. El catálogo de servicios tributarios de la Diputación de León incluye la "concesión y denegación de exenciones y bonificaciones". Aunque el plazo para solicitar este reembolso es de 4 años, ASAJA busca que el procedimiento se inicie de manera inminente.
A pesar de que la mayoría de las fincas cultivadas por agricultores profesionales no son de su propiedad y, por lo tanto, no son elegibles para la devolución del IBI, los profesionales en las regiones agrícolas podrían beneficiarse de un promedio de alrededor de 600 euros por explotación, teniendo en cuenta tanto las fincas como las instalaciones agroganaderas.
Es importante destacar que los municipios no perderán estos recursos que se devuelvan a los agricultores, ya que la ley establece un mecanismo de compensación, de igual importe, procedente de los Presupuestos Generales del Estado.