Ayer, como viene ocurriendo desde hace varias legislaturas, el Congreso abrió a los ciudadanos su puerta principal, flanqueada por los dos hermosos leones de bronce que simbolizan la defensa de la sede de la soberanía nacional. Y sentí un gran orgullo al ver entrar con total normalidad democrática a los ciudadanos que habían hecho pacientemente cola durante varias horas, dejando atrás un año especialmente agitado desde el punto de vista político, el año en el que por primera vez el Gobierno de España ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno de una Comunidad Autónoma declarado en rebeldía. Resultaba un espectáculo edificante ver a gentes llegadas de todas partes de España deambular, con una sonrisa en los labios, por los pasillos habitualmente reservados a nuestros representantes políticos, contemplar satisfechos el hemiciclo donde se desarrollan las sesiones de control y los plenos, y ocupar orgullosos los asientos de diputados y miembros del Gobierno mientras se hacían las fotos de rigor para inmortalizar el momento.
El próximo 6 de diciembre se cumplirán 39 años del refrendo popular de la Constitución Española de 1978. Al volver la vista atrás, uno no puede sino sentir una enorme gratitud hacia los protagonistas de la agitada transición y sonreír al contemplar fotografías ya históricas de Fernando Abril-Martorell (UCD) con Alfonso Guerra (PSOE), de Manuel Fraga (AP) con Santiago Carrillo (PCE), y de los siete padres de la Constitución, algunos de ellos ya fallecidos. Que dos personas como Fraga, ministro de Franco que como tal asumió sin levantar la voz el régimen franquista, y Carrillo, que como comunista militante había asumido sin rechistar el totalitarismo soviético, aceptaran dirimir sus profundas diferencias ideológicas en el marco de la Constitución constituye un hito histórico.
Para quienes vivimos la dictadura de Franco con incomodidad y hasta rechazo, pocos, muchos menos de los que ahora la denuncian con 42 años de retraso y la comparan grotescamente con la España constitucional, para nosotros, estos 39 años de democracia han constituido un auténtico bálsamo, una suerte de compensación por toda la merma de libertades y arbitrariedades padecidas durante los 36 años que transcurrieron desde el final de la Guerra Civil el 4 de abril de 1939 hasta la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975. Permítanme que insista: la aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque gracias a ella los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad, por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidamente. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que contamos para frenar las desviaciones y arbitrariedades en que pueden incurrir los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Paradójicamente, esa Constitución y el resto de normas democráticas que algunos pretendieron ilegalmente derogar en Cataluña en los dos últimos años son precisamente las que amparan ahora su derecho a un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman algunos partidos políticos y asociaciones secesionistas, en España no hay presos políticos porque la Constitución garantiza que nadie va a la cárcel por expresar sus ideas, a menos que en nombre de esas ideas cometa actos tipificados como delitos.
Hay otra poderosa razón para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6 de diciembre. Cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con las más variadas excusas. El asunto viene de lejos y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos y aun contradictorios que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden ni se dejarían sentir en el normal funcionamiento de las instituciones. Pero hay otras que con la excusa de actualizar el Estado de las Autonomías y reconocer sus singularidades podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación de personas, bienes, servicios y capitales, y aumentar en lugar de reducir las ya notables disfunciones administrativas y los conflictos competenciales. A los constitucionalistas, nos conviene estar atentos para impedir que nos den gato por liebre.
Desde 2012, algunas asociaciones cívicas como Espanya i Catalans, Convivencia Cívica Catalana y Regeneración Democrática vienen celebrando el 6-D en Barcelona. Este año, volveremos a concentrarnos de nuevo en Plaza Urquinaona a las 11:00 para marchar en manifestación hacia la Plaza de San Jaime, antigua plaza de la Constitución. Os esperamos.
¡Larga vida a la Constitución!
|Clemente Polo
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico
Universidad Autónoma de Barcelona