En los últimos meses, he publicado una serie de textos donde pongo el dedo en la llaga de la estafa masiva, perpetrada por todas las entidades financieras y de la que han sido víctimas los pequeños ahorradores (personas maduras, jubilados o idemnizados por despido laboral, fundamentalmente). Ante estos hechos delictivos y punibles, no es ocioso, sino necesario e ilustrativo, echar una mirada al pasado, a la historia, para ver cómo se han afrontado hechos similares, para sacar lecciones y para adoptar soluciones. Para ello, hoy, voy a referirme al sistema financiero medieval, en el  que apareció la institución de la “Taula de Canvi”.

En la Alta Edad Media, las transacciones mercantiles no estaban reguladas y esto provocaba numerosos problemas: quiebras de cambistas, desajustes en el cambio de moneda, morosidad en los pagos, no devolución de los depósitos, usura, etc. Por eso y ante el incremento del comercio y de los viajes a ultramar, en la Baja Edad Media, se creó en Barcelona, primero, y en otras ciudades de la Corona de Aragón, después, la institución de la “Taula de Canvi”, precedente y embrión de los bancos actuales. Con ella, se pretendía poner orden, regular y dar seguridad en los intercambios comerciales.

Las “Taulas de Canvi” se instalaban en las ferias, al aire libre o bajo los soportales de la vía pública. Y la infraestructura se componía de un banco y de un simple tablero de madera, como mesa y soporte de las operaciones financieras (contar el dinero, hacer los pagos y cobros, y efectuar otras operaciones). La Taula de Barcelona dio lugar a lo que se denominó los “usos de Barcelona”: un conjunto de reglas o normas, de obligado cumplimento en las transacciones financieras. Entre ellas, quiero citar sólo dos. 

Según la primera, los responsables o titulares de la “Taula de Canvi” (i.e. los ancestros de los banqueros actuales) debían ofrecer a sus clientes la fianza o la garantía de una tercera persona. Si no lo hacían, se les prohibía cubrir con un mantel o tapiz o tapete, que tenía estampado el escudo de armas de la ciudad, la mesa (“taula”) sobre la que oficiaban. La ausencia de tapete informaba a los clientes de que los banqueros no eran solventes, ni honestos, ni fiables, ni dignos de confianza. Si alguno no respetaba esta regla y, además, utilizaba el precitado tapete (que puede ser relacionado con los modernos certificados ISO y AENOR) cometía un delito de fraude, que era severamente castigado, como veremos infra.

Según la segunda, si el titular de una “Taula de Canvi” no respetaba la deontología profesional, si engañaba y estafaba a sus clientes, si falsificaba la moneda, si no cumplía con sus obligaciones, si trabajaba sin tener fiadores, si hacía un uso indebido del tapete que debía cubrir la “taula” (mesa), si no pagaba sus deudas, se le caía el pelo. En efecto, era severamente castigado con un abanico de penas ejemplares y ejemplarizantes. Por un lado, in situ y públicamente, se le rompía la mesa y el banco, y era declarado, en sentido propio y figurado, en bancarrota (banca-rota). Además, era objeto de escarnio y de humillación pública: un vocero o pregonero municipal se encargaba de denunciar públicamente al estafador. Por otro lado, era sometido a una dieta cuaresmal de pan y agua hasta que devolviese los depósitos a los acreedores. Y si, en el espacio de un año, no pagaba sus deudas, el banquero era decapitado, ante su mesa de trabajo, y sus propiedades eran vendidas para resarcir a los acreedores. En ciertos casos, se le arrancaba la lengua o se le amputaba un brazo. Y los casos de falsificación de moneda se castigaban con la amputación de la mano derecha, la hoguera o la deportación. En la Edad Media, no se andaban con chiquitas y las cosas estaban muy claras: el que la hacía la pagaba.

En estos inicios del siglo XXI, ¡qué diferentes son las cosas! ¿En las transacciones financieras, hemos avanzado o hemos retrocedido en transparencia, en honestidad, en fiabilidad, en seguridad, etc.? Hoy, parece que los banqueros no tienen reglas, ni normas, ni leyes que respetar; no tienen ética, ni valores, ni principios, ni moral. Son los reyes del mambo: hacen y deshacen a su antojo, sin ninguna cortapisa legal ni ética. Ahora bien, sus latrocinios desbocados y masivos han puesto en peligro real la estabilidad y la viabilidad financiera (cf. el MoU, de 2011) y el Estado del Bienestar (cf. recortes e impuestos sin cuento, desde 2010) de España. Y por otro lado, han dilapidado los ahorros, los sueños y las previsiones de los pequeños ahorradores que, pensando en sus familias y en el último tramo de sus vidas, se habían comportado como hormigas hacendosas y previsoras, y no como cigarras jaraneras y, mucho menos, como tiburones financieros, como los consideran las autoridades monetarias europeas. Hoy, gracias a la desregulación de las actividades bancarias, la usura, la estafa, el engaño y el fraude masivos son el pan nuestro de cada día; y esto sucede  con el beneplácito y/o la complicidad del Banco de España y la CNMV que, en vez de controlar y supervisar las actividades de las entidades financieras, han estado mirando para otro lado o simplemente no estaban por la labor.

Ante estos hechos delictivos y punibles, que los medios de comunicación (los voceros o pregoneros modernos) no difunden ni denuncian como debieran,  creo que los pequeños ahorradores engañados, estafados y desvalijados verían con muy buenos ojos el restablecimiento, total o parcial, de las penas y castigos aplicadas/os a los titulares de las “Taulas de Canvi”, que habían sido cogidos in fraganti, con las manos en la masa (cf. ut supra). Hasta ahora, como ha escrito Ramón Pi, “los verdaderos responsables del cataclismo financiero no sólo se van de rositas y con finiquitos multimillonarios, sino que siguen recibiendo ingentes cantidades de dinero nuestro para tapar sus propios agujeros”. Y aquí “nadie ha dicho aún: lo siento. Nadie ha pedido perdón por las faltas cometidas, por las pifias políticas, empresariales, financieras, por haber metido la mano o la pata” (Rosa Montero). Y la Fiscalía General del Estado ni está ni se la espera, lo que parece dar la razón al ínclito Silvio Berlusconi que  aseveró, en su día y sin sonrojarse: “La justicia es igual para todos, pero no en su aplicación”, valoración que, en lenguaje cañí, el Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, formuló así: “la justicia, en España, es un cachondeo”.