LOS %

15 de febrero de 2015 (00:46 h.)

En un texto reciente (cf. El Buscador nº 36, marzo de 2014) reflexionaba sobre esa fauna, tan española, de los “todólogos”: esos personajes que han colonizado tertulias y columnas de opinión y que pontifican sobre lo divino y lo humano, sin tener ni idea de lo que hablan. Ahora bien, me quedé corto en la cuantificación y en la ejemplificación de esta plaga bíblica, que nos está “asnificando” (< “asno”). Hoy, quiero completar el zoo de todólogos poniendo el dedo en la llaga de nuevos indocumentados, que se han permitido dogmatizar, sin ton ni son (es decir, al sabor de la boca, como decimos en Almagarinos), sobre el peso del español como lengua vehicular en la enseñanza de Cataluña.

En periódicas y tautológicas sentencias, el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han instado a los sucesivos Gobiernos de la Generalidad para que el español (el constitucional castellano) tenga también un papel significativo como lengua vehicular en la enseñanza de Cataluña. Sin embargo, ante la indolencia, la pasividad, la rebeldía, la desobediencia y la obstrucción a la justicia por parte de los Gobiernos de Cataluña, el 31 de enero de 2014, el TSJC, cogió el toro por los cuernos y dictó cinco autos, relativos a cinco centros escolares (4 concertados y uno público). En estos autos, fijó que el 25% de las enseñanzas deben ser impartidas en español, para que esta enseñanza no sea “un artificio de mera apariencia”. Además, para cumplir lo ordenado, los directores de los centros tenían un plazo de un mes. En caso contrario, éstos se exponían a sanciones económicas e incluso a la inhabilitación, con pérdida de empleo y sueldo.

Este porcentaje del 25% fue recibido por aquellos que gritan más fuerte y se hacen oír más, como una nueva agresión contra el modelo catalán de inmersión lingüística obligatoria, precoz y total. Y, una vez más, la Generalidad presentó un recurso de reposición, para dilatar o, mejor dicho, para seguir incumpliendo las sentencias judiciales. Y, de nuevo, se abrió la caja de las frivolidades y de las banalidades, provocando una tormenta o subasta de porcentajes (%) para cuantificar el papel que debe tener el español (el constitucional castellano), como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña.

El Gobierno de la Generalidad, como siempre, rechazó los autos e hizo una defensa a ultranza, del modelo “exitoso” (?) de inmersión lingüística, en el que el catalán es y será la única lengua vehicular en la escuela, hasta el punto de que “no moveremos ni una coma”, Francesc Homs dixit. A pesar de que, según Irene Rigau, la demanda de una enseñanza también en español es una demanda artificial (?), política (?), minoritaria (?) y en descenso (?), el 100% de enseñanza en catalán del modelo de inmersión ha sido criticado y rechazado siempre por aquellos ciudadanos catalanes que no comprenden ni aceptan que el bilingüismo social y real no tenga su reflejo en la escuela. Si el bilingüismo es una realidad fuera de la escuela y si las dos lenguas están en contacto y conviven sin conflicto en la vida social y real de Cataluña, ¿por qué el bilingüismo no puede ser una realidad también en la escuela?

Para justificar este 100% en catalán, casi todo el arco parlamentario catalán (CiU, ER, ICV, PSC) repite, como un mantra, las mismas mentiras de siempre: al final de la educación obligatoria, está garantizado un buen dominio del catalán y del español (?); además, el modelo catalán ha contribuido a la cohesión social y ha evitado la segregación por razón de lengua (?); por otro lado, ha sido aceptado por la inmensa mayoría de la sociedad catalana (?); por lo demás, también ha sido avalado por organismos internacionales y por expertos (?), etc. Esta ristra de mentiras y otras muchas, que no es el momento de desmentir aquí, no resiste el más elemental análisis contrastivo con la realidad empírica; y denota mala fe y un prejuicio contra la lengua común de todos los catalanes-españoles y españoles: la lengua española (el constitucional castellano).

A pesar de esto, la mayoría de los partidos políticos (CiU, ER, ICV, PSC), los sindicatos (CC.OO., UGT, Ustec-Stes) y la comunidad educativa (AMPAS, asociaciones y fundaciones varias: Asamblea de Docentes, Somescola, Fundación Escuelas Cristianas, Omnium Cultural, etc.) comulgan con estas ruedas de molino y, para más inri, piden que se blinde el modelo catalán de inmersión y que no se apliquen los mandatos judiciales. ¡Qué tropa y qué ejemplo dan a los ciudadanos, a sus afiliados, a sus asociados, a sus alumnos y a sus hijos! Todos están de acuerdo con lo políticamente correcto (100% de la enseñanza en catalán o escuela monolingüe), desde la óptica nacionalista independentista, posición abogada siempre por Omnium Cultural, que ha conseguido imponer sus tesis; y no, con lo psico-pedagógicamente correcto que, hasta hace poco, defendió la ahora silenciosa o silenciada y muda Asociación Rosa Sensat, que siempre fue defensora de una inmersión flexible y racional y de la doctrina de la UNESCO: impartir las primeras enseñanzas, hasta los 10/11 años, en la lengua materna de los alumnos.

C’s, por boca de su presidente Albert Rivera, terció en este mercadillo de los porcentajes inmotivados, proponiendo, como si se tratase de las medidas de la mujer ideal, la fórmula del 40 - 40 - 20: “queremos un 40% de catalán, un 40% de castellano y un 20% de inglés”, Rivera dixit. Por su parte, el PPC pujó también en esta subasta mercaderil de porcentajes sin fundamento, llegando más o menos a la misma oferta que C’s.

Ante tal variedad, tal disparidad y tal discrecionalidad de porcentajes, debemos preguntarnos y preguntarles a todos esos todólogos (TSJC, partidos políticos, sindicatos, AMPAS, asociaciones y fundaciones varias) cómo han llegado a esos porcentajes tan dispares y tan disparatados. ¿De dónde los han sacado? ¿Quién les ha asesorado para proporcionar tal diversidad de soluciones? ¿O acaso los han extraído, por su cuenta y riesgo, de sus meninges desguarnecidas y huérfanas? Les recuerdo a todos ellos que hay profesionales de la lingüística y de la lingüística aplicada, de la psicolingüística, de la psicopedagogía, de la sociolingüística, de la didactología de las lenguas y de las culturas,… i.e. de las ciencias del lenguaje, que están habilitados y que son competentes para hacer un diagnóstico de la enseñanza en Cataluña y proponer soluciones, acordes con lo que dicta el sentido común, la razón, los intereses de los afectos (niños y jóvenes catalanes) y también con lo que propone la ciencia.

Que el Señor nos coja “confesaos” si, en otros ámbitos, el TSJC dicta también sentencias sin conocimiento de causa; si la casta política y sindical gestiona otros aspectos de la res publica desde el más absoluto desconocimiento y desde una manifiesta incompetencia e ignorancia; si los padres, pastoreados por AMPAS y organizaciones varias, se dejan engañar por partidarios de quimeras que nada tienen que ver con la formación de sus hijos; si los profesores se dejan utilizar como correas de transmisión de intereses y de objetivos extraeducativos, que solo pueden degradar aún más la importantísima labor que deberían realizar.

Ante tanta variedad de porcentajes y ante tanto indocumentado discurso de mercadillo, aquí dejo una propuesta lógica y razonable, en forma de pregunta, para ser rumiada y debatida: ¿La mejor solución no sería que los padres pudieran decidir libremente la formación lingüística que desean para sus hijos? ¿O acaso tienen miedo a la libertad aquellos que han propuesto porcentajes sin ton ni son sobre la función del español como lengua vehicular? ¿Por qué no plasmar, en la escuela, la realidad sociolingüística de Cataluña? No se debe perder de vista que aquí, en Cataluña, conviven dos lenguas; los ciudadanos utilizamos la una o la otra o las dos; y no pasa nada; y no hay conflicto, ni marginación, ni ruptura social, ni…, ni…

Coda: « Je ne demande pas à être approuvé, mais à être examiné et, si l’on me condamne, qu’on m’éclaire »

(Ch. Nodier).