El negocio de la secesión

En la entrevista que Rajoy concedió a la COPE el 15 de noviembre, el presidente estaba que no cabía en su pecho. Natural. Con el gobierno de la Generalitat cesado y a medias encarcelado; con Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron llevar a pleno las leyes de desconexión en libertad condicional, tras pagar las fianzas impuestas por el Tribunal Supremo; con los ‘jordis’ enviando mensajes a los manifestantes desde la cárcel de Soto del Real, recomendándoles no subirse a los jeeps de la policía judicial para no acabar como ellos; y, en fin, con los líderes de todos los partidos secesionistas admitiendo que no tenían el respaldo social suficiente para poner en marcha la república, Rajoy se mostraba plenamente satisfecho con los resultados de la aplicación del artículo 155. Ahora toca –dijo – dejar hablar a las urnas el 21-D.

Repliegue de rufianes

Rajoy puede darse por satisfecho al constatar que el intento de secesión se ha atajado prácticamente sin aplicar otra fuerza que los instrumentos del Estado de Derecho –el Tribunal Constitucional, el Senado, el Ministerio Fiscal, etc.– para restablecer, si no la legalidad –hay ciudadanos e instituciones que incumplen el ordenamiento constitucional en Cataluña–, si al menos cierta apariencia de normalidad democrática. Abandonen o no los encarcelados la prisión antes del 21-D, los Tribunales van a seguir investigándolos para determinar si efectivamente incurrieron en los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se les imputan. Más allá de sus responsabilidades jurídicas, Puigdemont y Junqueras son los únicos culpables de la marcha de más de 2.600 sociedades, la ralentización económica y la fractura de la sociedad catalana.

En cuanto a los secesionistas, reconozco que tiene su morbo ver a Tardà, el indómito diputado que hace pocos meses se mostraba dispuesto a ir a la cárcel por la causa y todavía el 27 de agosto retaba al Estado desde la tribuna del Congreso con su “adios corrupción, bienvenida república”, recoger velas a toda prisa y disponerse a continuar con su bien remunerada rutina de pernoctar en Madrid tres veces por semana sin que nadie le detenga por sus ideas. ¡Qué suplicio para un republicano tan honesto y cabal estar en Madrid en lugar de en la Itaca soñada! Claro que más insufrible debe resultarle compartir manteles de vez en cuando con Rufián, su ingenioso grumete, al que las personas de cierta edad nos hubiera gustado verle representar el intrépido numerito de las esposas en la dictadura.

La desbandada republicana se asemeja cada vez más a un sálvese quien pueda del temporal que ellos mismos provocaron. Nadie habla ya del mandato democrático que el ‘pueblo’ de Cataluña les había otorgado el 27-S y confirmado el 1-O, y los hasta ayer insobornables defensores del estado propio en forma de república reconocen que no estaban preparados para hacer efectiva la declaración de independencia. Puigdemont admite que erró al creer que el Gobierno de España se avendría a negociar con él la independencia. Junqueras ha escrito, desde su retiro en la cárcel de Estremeras, una carta a la militancia de ERC en la que revela su gran descubrimiento político: la república tiene cara de mujer y se apellida Rovira. Y el incombustible Tardà farfulla entre dientes que “Cataluña no es independiente porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubiera querido”. No era eso precisamente lo que afirmaban hace sólo unos días, y sólo por mentir a millones de catalanes, con tanto descaro y durante tanto tiempo, merecen un severo correctivo el 21-D.

 

Mantener el control de la caja

Resulta harto sospechoso este repentino conformismo que parece haberse adueñado de los fogosos alborotadores republicanos que hasta ayer mismo estaban dispuestos a cortar calles y autovías, a tomar estaciones, a obedecer a su gobierno ‘legítimo’ en el exilio, y, en fin, a iniciar la larga travesía que habría de culminar con el  reconocimiento internacional de la república de Catalunya. ¿Cómo explicar que después del empeño puesto en realizar la consulta del 1-O –referéndum de autodeterminación, en su jerga– y haber constituido la república catalana en el Parlament el 27 de octubre, los líderes republicanos se hayan dedicado a confeccionar las listas para concurrir a unas elecciones autonómicas que consideran ‘ilegítimas’, al haberlas convocado el Gobierno de España? ¿Por qué ERC ha rechazado la nada inocente exigencia de Puigdemont  de concurrir con una lista unitaria, pese a reconocer “que es y seguirá siendo” el presidente del país?

Estamos asistiendo al repliegue desordenado de la flotilla secesionista. Ahora, cada cabecilla de la fallida revuelta busca minimizar las pérdidas sufridas tras embarrancar sus naves en las rocas del Estado, poco importa ya si por precipitación en los plazos o por errores de cálculo del alto almirantazgo. El objetivo principal es desencallarlas, poner a salvo cuantos marineros y mercancía puedan, y prepararse para el próximo (y definitivo) asalto al fortín del Estado. Los líderes del fracasado asalto, conscientes de que ya no podrán escapar a la acción de la Justicia, se muestran dispuestos a conceder de boquilla que acatan el 155 para no agravar su situación procesal, siguiendo el ejemplo de Forcadell a quien no le importó  hacerlo con tal de recuperar la presidencia del Parlament. Ninguno de ellos, sin embargo, ha mostrado el menor arrepentimiento por los presuntos delitos investigados y todos, sin excepción, continúan denigrando nuestra democracia, a la que califican de Estado autoritario y represivo, y manifestando sin ningún pudor su intención, en palabras de Junqueras, de “culminar la faena”.

Ya me he referido al error de cálculo de Puigdemont. Artur Mas que pronosticaba en 2013 que “el siglo XXI será el siglo en que Cataluña recuperará su plena libertad, reiteraba hace unos días en el Club Siglo XXI que “el proceso sigue perfectamente vigente”. Y Junqueras insiste en su carta los militantes de ERC en esta misma línea victimista, presentándose como “ingenuos, que van creer que el Estado nunca se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea permitiría que el Gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tolerase tantos golpes a la ciudadanía y a las instituciones catalanas”. Si algo no puede predicarse de Puigdemont y Junqueras es que son ingenuos. Y si algo puede decirse del Estado español es ha sido permisivo con los insurrectos hasta límites inconcebibles.

Fue la salida de centenares de sociedades de Cataluña y el apoyo inequívoco de los líderes de las instituciones de la UE a la democracia española, no la imaginaria represión del Estado, lo que frenó los planes de los golpistas. Su objetivo primordial ahora es retener el gobierno de la Generalitat el 21-D. Quieren hacerlo para evitar que se descubran todos los mecanismos ilegales que el gobierno de la Generalitat empleó para canalizar recursos públicos a la creación de estructuras de estado y hacia el entramado mediático y asociativo por el que circula la propaganda secesionista e implementa las campañas de movilización. Camuflados como el locuaz exjuez Vidal afirmaba o no, hay indicios sólidos de que cientos de millones se han destinado a poner en marcha estructuras de estado. Y quieren hacerlo porque la independencia es un negocio que mueve miles y miles de millones y decenas de miles de empleos, y hay grupos económicos interesados en controlar los presupuestos del sector público de Cataluña, no para mejorar los servicios prestados a los catalanes, sino para beneficio de los partidos, sus líderes, sus familiares y patronos.

|Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona