Consideramos que esta nueva norma perjudica y pone en peligro las prácticas extracurriculares de los estudiantes, además de imponer nuevas obligaciones a las empresas, como el pago de los gastos en los que incurran los becarios, restricciones en el número de horas, incremento de la burocracia y la obligación de realizar pagos adicionales, como las cotizaciones sociales a las que tendrían derecho.
Creemos que legislar en estas circunstancias, cuando las Cortes están disueltas, en período preelectoral y sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa, las universidades y las empresas, no responde al objetivo inicial de esta norma, que es regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas y combatir los abusos. Consideramos que las prácticas formativas no constituyen una relación laboral convencional y los casos fraudulentos que se hayan detectado no representan la actuación de la gran mayoría de las empresas responsables que cumplen con sus obligaciones cuando tienen becarios formándose en sus organizaciones.
Si esta norma entra en vigor en octubre, se agravará el problema de la escasez de prácticas formativas, no solo para los estudiantes de grado, sino también para los de Formación Profesional Dual, que dependen en gran medida de la colaboración de las empresas. Será cada vez más difícil para los alumnos acceder a pasantías en empresas, que son esenciales para su titulación y para garantizar su empleabilidad. Esto es algo que las organizaciones empresariales hemos estado demandando desde hace tiempo.
Por todo ello, solicitamos una moratoria y que no se aplique este Estatuto del Becario debido a la oposición y las discrepancias que genera en el seno de la comunidad educativa y del mundo empresarial.
