La organización local de Izquierda Unida León ha denunciado cómo «aunque la convocatoria del 19 de octubre del pasado año colocaba el plazo máximo para resolver las ayudas del alquiler en julio de 2023, a mediados de octubre miles de personas de toda la provincia siguen esperando la resolución».
Desde la coordinadora local muestran su preocupación ante esta situación, ya que «estas ayudas, destinadas a familias con bajos recursos económicos y especial vulnerabilidad, en muchos casos desesperadas, van viendo cómo pasan los meses y no reciben este ingreso que tanto necesitan, aunque el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en agosto declaraba que la ayuda se resolvería y se efectuaría el pago entre septiembre y octubre.»
Ante esta situación, la organización local solicita a la JCyL que «se pongan todos los medios disponibles para resolver y empezar a ingresar de manera inmediata el importe de esta ayuda, y, en todo caso, solventar el problema con vistas al futuro, ya que las ayudas de 2023 aún no se han convocado y esto puede provocar el mismo problema el año que viene.»
Además, es determinante cómo en los últimos años, la ciudad de León ha experimentado un notable aumento en el coste de la vivienda, lo que ha resultado en una creciente preocupación entre la población, en especial los jóvenes, que se encuentran con grandes dificultades para poder independizarse debido a los alquileres abusivos y a unos sueldos que no les permiten replantearse la opción de compra.
Según el último informe del Observatorio de la Vivienda, el precio medio de estas ha aumentado casi un 3% respecto a julio de 2022, lo que ha dejado a muchos jóvenes fuera del mercado inmobiliario. Esto, sumado a la escasa oferta de alquiler, ha generado precios abusivos que a su vez han derivado en una situación en la que, por un lado, los estudiantes universitarios se ven sin opciones de una vivienda que necesitan para seguir sus estudios; y, por otro, que un alto porcentaje de la población joven tiene que retrasar la decisión de independizarse, dedicar gran parte de su sueldo a pagar un alquiler exagerado o bien tener que compartir piso o mudarse a áreas periféricas.
Carmen Franganillo, coordinadora local, ha hecho hincapié en que «la falta de políticas de viviendas efectivas que aborden este problema ha dejado libre a un mercado que, como se está viendo en todo el país, no se regula solo. Sobre todo, si tenemos en cuenta la cantidad de viviendas de uso turístico (VuT), cuya placa informativa vemos cada vez de forma más y más frecuente en los portales de las calles del centro de León (que resta oferta y aumenta precio), o la cantidad de viviendas vacías en manos de fondos y bancos».
La organización ha terminado afirmando que «es primordial abordar este tema y construir políticas fuertes, sostenibles y a largo plazo que ayuden a la ciudadanía a poder construir un futuro en la ciudad, y para ello el acceso a la vivienda es esencial. La creación de empleo, el cuidado del patrimonio, la mejora de las infraestructuras, de las conexiones, de los espacios públicos… todo ello es necesario para que la ciudad prospere, al igual que lo es garantizar que en los años venideros haya población que pueda disfrutar de León de forma digna.»
