Se estima que el incendio ha calcinado 27.000 Hectáreas, pese a que oficialmente la Junta de Castilla y León solamente reconozca 12.000 y, no menos importante aunque haya sido silenciado por la Junta de Castilla y León, es que se ha producido un herido grave, un miembro del Operativo que realizaba tareas de extinción.
Pese a que el origen del incendio se debió a un accidente fortuito, derivado del incendio de un vehículo en la carretera N-502, la dimensión del mismo se podría haber mitigado si la Consejería hubiese activado los medios propios desde el primer momento.
Lo sucedido también pone de manifiesto la falta de previsión y organización de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y en concreto de la Sección de Defensa Natural, que una vez superado el periodo de peligro alto y medio, ordena desactivar el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, con lo que sólo queda activo algún medio de manera testimonial,que se encarga preferentemente a empresas privadas lo que comporta dejación de las responsabilidades inherentes a la administración regional.
Si realmente se quieren evitar los incendios se deben poner los medios antes, durante y después de los periodos de peligro. No se puede olvidar que “los incendios se apagan en invierno”, por ello CGT exige la activación del operativo público al completo, los 12 meses del año, para priorizar las labores de PREVENCIÓN, sobre las de extinción, puesto que las primeras siempre serán más rentables, tanto económicamente como ambientalmente ya que, desgraciadamente, los daños, los gastos y los perjuicios de incendios como el de Navalacruz, superan ampliamente el coste que supondría un Operativo plenamente activo los 12 meses del año.
A pesar de la evidencia del cambio climático, al que parece que la Consejería cierra los ojos, sigue decretando como “época de peligro alto” sólo las fechas comprendidas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de cada año, siendo esta una declaración basada meramente en el calendario sin tener en cuenta las circunstancias climatológicas de cada periodo. Esto nos ha llevado a otros desastres ecológicos como los de Pedro Bernardo (Ávila) en años pasados, o el de Serradilla del Arroyo (Salamanca) en junio de este mismo año, en los que por la negligencia y falta de previsión de la Consejería, se han producido daños económicos enormes, y daños ecológicos incalculables.
El incendio de Navalacruz, por otra parte, ha demostrado la profesionalidad , entrega y capacidad de trabajo de los miembros del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, de un colectivo de personal laboral fijo-discontinuo, de los que 3 de cada 4 se encuentran en situación de interinidad, y que no ve recompensada ni reconocida su labor por parte de la Consejería, ya que los condena año tras año a unas condiciones laborales tercermundistas, y les priva de derechos de promoción profesional y movilidad dentro de la Administración, cuando son ellos los que con su esfuerzo y dedicación logran mitigar las consecuencias de una política forestal desfasada y anacrónica.
Las deficiencias en del dimensionamiento de los medios, la deficiencia del material, así como la inexistente formación que se ofrece a los miembros del Operativo, hacen que en la actualidad se cuente con el Operativo más anticuado e inoperativo de todo el cuadro autonómico. Todo ello en la Comunidad con la mayor masa forestal del Estado y posiblemente de Europa. Esta es la causa por la que ha sido necesario el auxilio de medios del Ministerio y de otras Comunidades Autónomas, en los que disponen de medios mucho más eficaces y apropiados.
CGT exige a de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, considerar a estos trabajadores tal y como se merecen, dotándoles de igualdad de derechos respecto al resto de los empleados públicos, el reconocimiento de la categoría de Bombero Forestal tal y como están haciendo todas las restantes Comunidades Autónomas.
CGT exige que todas las labores de prevención y extinción se lleven a cabo con personal propio de la Junta de Castilla y León, lo que supondría fijar población en núcleos rurales y abarataría el actual sistema en que las empresas privadas contratan a trabajadores foráneos que no conocen la geografía en la que deben trabajar y con condiciones laborales aún más precarias.
