Un reciente informe del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa” revela que el 10,1% de los adolescentes ha experimentado conductas de control en sus relaciones de pareja. Estos alarmantes hallazgos forman parte de la investigación titulada «Violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes». El estudio define la violencia de control como comportamientos que limitan la relación de la pareja con amistades, impiden reuniones con otras personas o incluyen la revisión del teléfono móvil, entre otras acciones.
Las conclusiones revelan que las chicas entre 14 y 17 años son más propensas a ser víctimas de violencia de control, con un 13,3%, en comparación con el 7,1% de los chicos. Además, la violencia de control emerge como la más común en las relaciones sentimentales adolescentes, afectando al 13,6% de los jóvenes en general, con el 4,8% admitiendo ejercerla.
Noemí Pereda, coautora del estudio, destaca que estas conductas de control están vinculadas a una visión tradicional y patriarcal del amor romántico, donde el control se interpreta erróneamente como interés y respeto por la pareja.
El análisis por sexos indica que el 4,2% de las chicas y el 1,9% de los chicos admiten perpetrar violencia de control. Las chicas, aunque informan una mayor tasa como víctimas, también reconocen controlar a sus parejas en mayor medida, lo cual se atribuye al modelo educativo previo que ha sensibilizado a las chicas para reportar estas conductas.
A pesar de la prevalencia de estas conductas, los investigadores enfatizan que la adolescencia es una etapa propensa a comportamientos antisociales, y las relaciones conflictivas no necesariamente se cronifican. El estudio resalta la importancia de marcos de prevención e intervención adaptados a las características de esta etapa.
España lidera la investigación sobre violencia en relaciones adolescentes, según el informe, seguido de cerca por Alemania y Reino Unido. El estudio es parte de un proyecto respaldado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Canarias, UNICEF y Save the Children, entre otras entidades comprometidas con la atención a menores víctimas de violencia en España.
