La Diputación de León, a través del área de Cooperación y SAM que dirige el vicepresidente y diputado Matías Llorente, convocará de nuevo este año el plan especial de empleo puesto en marcha el pasado curso para financiar la contratación del personal adicional necesario en las escuelas rurales para cumplir las exigencias marcadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Esta ayuda dirigida a los ayuntamientos de la provincia con centros escolares rurales fue muy bien recibida el pasado año y, por este motivo, y dado que las que medidas para combatir los contagios por COVID se mantienen este curso, la institución provincial ha apostado por renovar este apoyo a los municipios.
Con un presupuesto de 420.000 euros, esta línea de ayudas que surgía en el contexto de la pandemia tiene por objeto financiar los costes derivados de la contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León por parte de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cuenten con dependencias en las que se impartan enseñanzas de infantil y primaria en el curso escolar 2021-2022. Se prevé conceder a cada uno de los solicitantes que cumpla con los requisitos exigidos una asignación fija de 4.000 euros, con una estimación de creación de empleo de en torno a 150 personas.
De este modo se pretende anular el impacto económico que para los municipios de la provincia puede suponer contratar personal adicional para cumplir con las medidas sanitarias exigidas en los centros escolares, que contemplan, entre otros protocolos, intensificar la limpieza y desinfección, especialmente en baños y en las superficies de mayor uso.
El diputado Matías Llorente ha anunciado la reedición de esta línea de ayudas que se propone “contribuir al mantenimiento de las escuelas rurales en los pueblos de la provincia, que son un orgullo para esta Diputación, a pesar de que la competencia en Educación corresponda exclusivamente a la Junta de Castilla y León”. “Entendemos que las medidas para la contención del virus suponen un gasto adicional para los ayuntamientos de la provincia, por lo que queremos colaborar con ellos y evitar que la contratación de personal para el cumplimiento de los protocolos ponga en peligro la pervivencia de estas aulas y la salud de nuestros menores”, ha defendido Llorente, que señala que las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de septiembre.
