El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha participado esta tarde en la Conferencia sectorial de Seguridad Nacional convocada por el Gobierno de España y presidida por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para abordar diversos temas en la quinta reunión de este órgano.
En primer lugar, se ha propuesto la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial para los asuntos de Seguridad Nacional, iniciativa que ha contado con el voto favorable de Castilla y León.
Uno de los puntos centrales de la Conferencia ha versado sobre el anteproyecto de Ley se Seguridad Nacional, un texto que modifica la Ley y sobre el que Castilla y León ha mostrado su disconformidad. Los motivos del rechazo de la Comunidad a este texto son, en primer lugar, la inquietud que provoca la excesiva discrecionalidad que se concede al presidente del Gobierno para adoptar medidas unilaterales y reclamar un necesario control de estas, bien por parte del Congreso o por el Tribunal Supremo, al margen de los recursos judiciales que caben como en cualquier otro acto administrativo. En segundo lugar, por la indefensión a la que se somete al ciudadano ante su participación en los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, por ejemplo, en los casos en los que el ciudadano está obligado a la realización de prestaciones personales exigidas por las autoridades competentes, “siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional, sin derecho a indemnización por esta causa”.
Asimismo, el consejero ha insistido en que el Gobierno debe articular una ley de pandemias, reclamación largamente defendida por Castilla y León, que permitiría actuar a las comunidades autónomas con seguridad jurídica y mayor eficacia, y con ella dar mayor certidumbre a los ciudadanos ante crisis de la magnitud que se está viviendo a causa de la COVID-19.
Por último, se ha puesto de manifiesto la disposición total de la Comunidad a colaborar con el Estado para la integración en un sistema de comunicaciones seguras, así como la colaboración en los ejercicios de simulacro en situaciones de crisis.
