Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) ha denunciado la externalización de pruebas diagnósticas al grupo Atrys-Health, señalando que esta práctica pone en peligro la calidad del diagnóstico y tratamiento de los pacientes en la región. La formación de izquierdas ha destacado que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha derivado desde hace años pruebas radiológicas, como TAC y RM, a este grupo empresarial, cuyo historial reciente está marcado por escándalos de presión a oncólogos para reducir costes.
IUCyL ha puesto de manifiesto que Atrys-Health ha sido involucrado en prácticas éticamente cuestionables, presionando a médicos de la sanidad privada para que rechacen tratamientos caros y derivados, optando por alternativas más baratas. Además, han criticado que la empresa recomendara terapias menos efectivas que las que se utilizan habitualmente en la sanidad pública, eliminando tratamientos innovadores y poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Las provincias de León y Bierzo han sido especialmente afectadas por la externalización de estas pruebas, lo que, según IUCyL, podría derivar en peores resultados en los diagnósticos y en la eficacia de los tratamientos. Carmen Franganillo, portavoz de la red de salud de Izquierda Unida, ha señalado que, en lugar de mejorar la infraestructura sanitaria pública, la Consejería de Sanidad ha optado por financiar a empresas privadas con dudosa reputación, cuyo principal interés es generar beneficios económicos a expensas de la salud de los ciudadanos.
Por su parte, el Coordinador de IU-CyL, Juan Gascón, ha calificado la situación como un "escándalo político", señalando que la Junta de Castilla y León está malgastando recursos públicos en empresas privadas que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar de los pacientes.
Izquierda Unida ha exigido a la Consejería de Sanidad del Partido Popular (PP) que aporte detalles sobre los contratos existentes con Atrys-Health, pidiendo mayor transparencia en la contratación con empresas externas. Además, han solicitado una auditoría independiente sobre las posibles negligencias cometidas, la rescisión inmediata de los contratos y que se asuman responsabilidades por mantener esta situación, que afecta gravemente la salud pública en la región
