Ciudadanos Castilla y León ha hecho énfasis la necesidad de limitar la “excesiva” utilización de la figura de los contratos menores adjudicados en los diferentes ayuntamientos de la provincia de León para que la gestión pública sea "más transparente y justa".
Según ha recordado la presidenta autonómica Gemma Villarroel, este procedimiento más sencillo ha dado lugar a que la Administración Local haya venido haciendo en muchas ocasiones un uso abusivo de este tipo de contratos, lo que ha redundado en “un deterioro de la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades, y la concurrencia competitiva”.
En este sentido, Villarroel se apoya en el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes que pone de manifiesto que el número de contratos menores celebrados en los ayuntamientos fiscalizados superan de media el 75%, rozando en algunos casos incluso el 97%.
A juicio de la presidenta de CS, los motivos principales son una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas y, en otras ocasiones, el eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación legalmente aplicables.
Asimismo, reconoce que en todos los ayuntamientos fiscalizados "se han detectado contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado la realización de prestaciones de naturaleza similar que podrían responder a un fin único, y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, en ocasiones, en el mismo contratista".
Por todo ello, Ciudadanos reclama que todos los ayuntamientos, o al menos todos aquellos con población superior a 75.000 habitantes, lleven a cabo una "adecuada" planificación y programación de su gestión contractual que evite el fraccionamiento de los contratos menores, restringiendo la utilización de esta figura en favor de procedimientos ordinarios de preparación y adjudicación de contratos públicos, siguiendo las reiteradas recomendaciones al respecto emitidas por el Tribunal de Cuentas.
Además, plantea que todos los ayuntamientos de localidades de más de 75.000 habitantes establezcan en su normativa interna la obligatoriedad de promover la concurrencia en la adjudicación de los contratos menores, cualquiera que sea su importe, bien mediante la publicación de anuncios de licitación, bien solicitando directamente ofertas a un mínimo de tres empresas, salvo casos excepcionales, todo ello con el fin de reducir los riesgos que la contratación menor representa para los principios de publicidad y concurrencia.
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Una petición que Villarroel pone encima de la mesa después de que la formación liberal haya registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja en la que recuerda que la especialidad de los contratos menores es que su adjudicación no se realiza a través del complejo y burocrático procedimiento de licitación, sino de una manera más ágil e inmediata que persigue satisfacer necesidades puntuales.
En ella además se pide a los ayuntamientos publicar la información relativa a los contratos menores adjudicados, en un plazo máximo de quince días desde la finalización de cada trimestre, y ampliar dicha información a, al menos, el departamento gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, el número de licitadores participantes, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria.
Por último, piden estudiar la posibilidad de modificar el apartado 4 del artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de que la publicación de la información relativa a los contratos menores deba realizarse mensualmente, al menos, en los ayuntamientos con población superior a 75.000 habitantes.
