El PSOE de Castilla y León ha presentado en las Cortes una PNL durante la celebración de la Comisión de Presidencia, en relación con lo que consideran “un problema muy serio en las administraciones públicas”, como es el abuso en la temporalidad en los contratos. De esta forma, afirman que en Castilla y León el porcentaje de empleados y empleadas públicas temporales supera el 33%. Esta cifra se traduce en que hay más de 35.000 trabajadores en abuso de temporalidad, que tienen un contrato de interinidad que en la gran mayoría de los casos supera los 20, los 25 y hasta los 30 años.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario socialista, afirman que existe una “absoluta voluntad de apoyar cualquier vía de solución a este gran problema”, según afirmó la procuradora leonesa del PSOE, Yolanda Sacristán, quien explicó que el Gobierno de España aprobó, como el pasado 21 de julio en el Congreso de los Diputados, la convalidación del Real Decreto Ley 14/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, manifestando además su voluntad de tramitar éste como Proyecto de ley ,con el fin de poder incorporar cuantas mejoras sean posibles, dentro del marco de la legalidad y con el objetivo de que se apruebe definitivamente en el mes de octubre.
Se trata de un Real Decreto- ley, que ha sido ampliamente negociado y proviene tanto del acuerdo de la Mesa general de negociación con los sindicatos, como del debate que ha tenido lugar en varias sesiones de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, y también de las múltiples reuniones de la Comisión coordinadora del Empleo Público entre las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias.El objetivo del Gobierno de España es cumplir una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia y las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo que instan a atajar una temporalidad excesiva en las administraciones.
La procuradora leonesa ha explicado que, con este documento, se modifica la legislación básica, y se consigue que, a partir de ahora, “nadie va a poder realizar un trabajo estructural en la administración con un nombramiento temporal, que dure más de 3 años, ya que antes de ese plazo se deberá cubrir la plaza con un trabajador fijo”.Además, se abre un proceso de estabilización, que afectará a las plazas estructurales que a 31 de diciembre de 2020 han estado ocupadas durante más de 3 años por este tipo de trabajadores.“Las administraciones deberán ofertar las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas, en 4 meses desde que entre en vigor la ley, y cubrirlas antes de finalizar 2024 en un proceso de estabilización que esperemos sea el último”.
Sacristán afirmó que desde el mes de junio del pasado año se han llevado a cabo reuniones de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, creada en el seno de la Conferencia Sectorial de la administración pública, en la que han estado representadas todas las Comunidades Autónomas. El objetivo de estos encuentros ha sido tratar diversos temas como el del teletrabajo, que culminó con un Real Decreto- ley aprobado en Consejo de Ministros, un Real Decreto-ley como norma básica de funcionamiento del teletrabajo “y que por cierto, en Castilla y León no han sido capaces de desarrollar”, afirmó. Además, y con respecto a la temporalidad, el objetivo pasa por avanzar en la solución al problema. “En esta Comisión de coordinación con todas las Comunidades Autónomas y la FEMP, el PSOE propone soluciones, comprometiéndose con los empleados y empleadas públicas que están en esta situación”, apuntó, explicando que se trabaja en una doble vía. Por un lado, una modificación del Estatuto básico del empleado público para evitar que esta situación se vuelva a producir en un futuro y, por otro, buscar una solución a todos los trabajadores interinos que se encuentran en abuso de temporalidad. “El gobierno socialista, está comprometido con los empleados y las empleadas públicas y su voluntad es la de resolver esta cuestión cuanto antes, ya que en la Administración General del Estado supone un 7,04%. Sin embargo, en las comunidades Autónomas, llega a ser de más del 36% y en las corporaciones locales de más del 12%.
El Gobierno de España ha ido avanzando en busca de una solución junto con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y provincias “para combatir un problema que no es de ahora ,y que en Castilla y León es el resultado de las políticas de 35 años de Gobierno del Partido Popular, y de esos años de austeridad, con tasas de reposición cero, que acrecentaron el problema, ya que su objetivo era la privatización y la merma de lo público”, señaló Sacristán.
Son miles los trabajadores de la Comunidad los que están en esta situación desde hace muchos años, ocupando puestos estructurales y de obligatoria cobertura en sanidad, en educación, en empleo o en servicios sociales entre otros, y que están esperando la acción del Gobierno autonómico para que este asunto se pueda solucionar. Los socialistas acusan a la “de no haber hecho absolutamente nada, y llevan así desde que comenzó la legislatura”. En este sentido, Yolanda sacristán explicó que “ha tenido que ser, una vez más, el Gobierno socialista, quien arregle los problemas de esta Comunidad, ya que la Junta ha hecho lo de siempre, no dar solución a sus problemas, mientras el Partido Socialista de Castilla y León no ha dejado de trabajar”.
Además, la procuradora leonesa destacó el esfuerzo de los socialistas en la Comunidad, que han mantenido reuniones con los sindicatos, y las plataformas de trabajadores temporales para avanzar en posibles soluciones. “La Junta mientras tanto, ha estado mirando hacia otro lado, sin recibir a los trabajadores afectados, sin escucharles, hasta el punto en que actualmente hay en marcha procesos selectivos pendientes de los años 2017 y 2018, que los han activado de repente y con sospechosa celeridad, haciendo caso omiso a las peticiones de los trabajadores temporales, que les piden que se suspendan de manera temporal, hasta que se apruebe el Proyecto de Ley pendiente”.
Afirma Sacristán que la Junta de Castilla y León, “se tapa los oídos ante las peticiones de sus empleados y convoca cinco nuevos procesos, con un total de 145 plazas, de las cuales, 104 son de estabilización y 41 de reposición, dejando fuera del proceso de estabilización que se acuerde, con la aprobación del Proyecto de Ley, a estos trabajadores”. “Es evidente que el Consejero de la Presidencia, tiene mucha prisa en convocar nuevos procesos de selección, después de haberse pasado lo que llevamos de legislatura sin hacer nada al respecto, a pesar de que ya hay antecedentes de trabajadores temporales que han acudido a los Tribunales para que se les reconozca su fijeza en la Administración, y han visto suspendidos los juicios porque hay en marcha una modificación legislativa, entendiendo los tribunales, que podría perjudicar a los trabajadores adelantarse a ese proceso, al menos hasta que se apruebe el Proyecto de Ley, previsto para Octubre”.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista, recordó también que registraron una enmienda a los Presupuestos de la Comunidad, consensuada con el Grupo Mixto, donde pedían la suspensión temporal durante 2 meses estos procesos hasta que se plantease una solución definitiva. “Cuestión que fue rechazada de pleno, de la misma forma que nuestra solicitud, hace más de 6 meses, de la comparecencia del Consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, para que informara sobre la situación de estos empleados en la Administración de la Comunidad Autónoma, y las actuaciones previstas al respecto, y a día de hoy, ni está ni se le espera”.
En la PNL que se ha presentado durante el día de hoy, los socialistas han exigido, en primer lugar, apoyar al gobierno de España, en su objetico de situar la temporalidad en el 8% en 2024 impulsando, además, la negociación colectiva de manera inmediata con los sindicatos representantes en la mesa de la función pública, y a convocar con la celeridad debida los procesos selectivos. Además, afirmó Sacristán, “pedimos que la Junta cumpla con los plazos que se deriven del Proyecto de Ley que se apruebe en el Congreso, y que se convoquen esas mesas técnicas de negociación específicas sobre el proceso de estabilización en Castilla y León, tanto con los sindicatos, como con los Ayuntamientos de la Comunidad, a través de la FRMP. “La Junta de Castilla y León, tiene el problema y tiene la solución. Lo único que tienen que hacer es su trabajo, y dejar de ser un freno para el avance de esta Comunidad”, sentenció.
