Según la organización agraria, este programa ha perjudicado considerablemente a los agricultores y ganaderos de la región, retirando tierras de producción agraria y ganadera sin un criterio medioambiental aparente, priorizando la captación de subvenciones.
La iniciativa, concebida en un momento en el que la Unión Europea estaba centrada en los excedentes de alimentos, ha resultado ser perjudicial para el sector primario de Castilla y León, según ASAJA. La falta de gestión adecuada de millones de hectáreas de monte y matorral ha llevado a un descuido que aumenta el riesgo de incendios forestales, mientras se ha privilegiado la forestación de terrenos agrícolas y pastizales, afectando negativamente a la riqueza agraria y ganadera de la región.
ASAJA denuncia que los agricultores no han sido los beneficiarios reales de este programa, sino más bien los propietarios no agrícolas de tierras y, especialmente, las administraciones públicas locales. Las generosas ayudas destinadas a "gastos de forestación", "prima de mantenimiento" y "prima compensatoria" han alimentado un lucrativo negocio para empresas forestales, muchas de las cuales también contratan con la administración para tareas como la extinción de incendios.
La organización acusa a la Junta de Castilla y León de carecer de una política de ordenación del territorio propia y de seguir simplemente las directrices de Europa. ASAJA aboga por una política que valore verdaderamente la riqueza de la comunidad autónoma y proteja al sector agrario y ganadero de la especulación, tanto en el ámbito de la forestación como en los proyectos de energías renovables.
ASAJA sostiene con firmeza que Castilla y León no requiere más superficie forestal de la que históricamente ha tenido en los últimos 50 años. Lo crucial es una gestión eficiente de los montes existentes para prevenir incendios, aprovechar los recursos maderables, promover el crecimiento de la masa arbórea y fomentar la regeneración y el pastoreo con ganado extensivo en donde sea factible.
