Los procuradores del Partido Socialista por León han vuelto a denunciar la preocupante situación del transporte sanitario en la provincia. En esta ocasión, se reporta que una ambulancia con más de 800.000 kilómetros de recorrido se averió por falta de líquido de frenos en el servicio de La Magdalena. Esto obligó a transferir al paciente en plena vía pública, poniendo en peligro su seguridad y bienestar. Lamentablemente, la misma situación se repitió horas después con otra ambulancia en la misma zona, que también excedía el límite máximo permitido de 400.000 kilómetros.
Los procuradores del PSOE en León señalan que esta problemática se ha convertido en un evento recurrente, ya que algunos vehículos circulan sin haber superado la inspección técnica favorable e incluso llegan a superar el millón de kilómetros. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, denuncian la política de privatización llevada a cabo por la Junta de Castilla y León, favoreciendo a sus allegados. Además, lamentan que la nueva adjudicación del transporte sanitario haya recaído en el mismo grupo empresarial que está vinculado a Ambuibérica, empresa que ha recibido una concesión de 768 millones de euros. A pesar del funcionamiento deficiente, el contrato de transporte sanitario ha sido prorrogado hasta 4 meses más, a pesar de no contar con las 101 ambulancias ofrecidas.
La procuradora socialista Yolanda Sacristán destaca que Ambuibérica ha estado prestando el servicio de transporte sanitario en 8 de las 9 provincias de Castilla y León desde julio de 2014. La historia de esta empresa está llena de irregularidades e incumplimientos, a pesar de las denuncias realizadas por sindicatos, pacientes y el propio Partido Socialista.
En cuanto a las condiciones de las ambulancias, se han descrito como deterioradas, sin calefacción en invierno o aire acondicionado en verano, con ruedas desgastadas, frenos en mal estado y sin las adecuadas facilidades para el traslado de pacientes, incluso sin cinturones de seguridad. También se denuncia el hacinamiento de pacientes en vehículos que exceden el límite legalmente permitido, realizando rutas de más de 150 kilómetros en las que los últimos enfermos llegan exhaustos a sus hogares después de esperar hasta 11 horas por una ambulancia tras sus terapias.
La falta de control por parte de la Consejería de Sanidad ha permitido que Ambuibérica actúe impunemente, incumpliendo el contrato y utilizando las ambulancias de SACyL para servicios privados, a pesar de que su uso debería ser exclusivo. Las resoluciones del Procurador del Común, encargado de supervisar el cumplimiento del contrato, y el mandato de las Cortes de Castilla y León para llevar a cabo una auditoría del servicio, han sido ignorados, limitándose a inspecciones preavisadas y poco efectivas.
