En la declaración de impacto ambiental, la Junta de Castilla y León ha establecido la obligación de implantar “medidas compensatorias” por el impacto en los hábitat de la avifauna esteparia. Para ello exigen un plan supervisado por la Consejería de Medio Ambiente, que consiste en que el promotor aporte una superficie para la mejora del hábitat de la avifauna esteparia que será de al menos el 50% de la superficie que ocupe el macroparque fotovoltaico, con una duración temporal equivalente al tiempo de explotación de las placas. Estos terrenos –agrícolas- estarán en zonas llanas, preferentemente en la provincia, a 2 kilómetros del suelo urbano y de líneas eléctricas de transporte, y se harán prácticas agrícolas superiores a las que exige la condicionalidad reforzada de la PAC, como son: dejar barbecho verde, sembrar leguminosas forrajeras, limitar o anular el uso de fertilizantes y biocidas, rotar cultivos, limitaciones en fechas de recolección y otras labores agrícolas, y reservar una determinada superficie para bosquetes.
En opinión de ASAJA, todas estas medidas son muy difíciles de cumplir, ya que cuestionan totalmente la rentabilidad de las explotaciones, máxime cuando es incompatible con ayudas como las agroambientales y los eco regímenes, lo que quiere decir que la compensación que van a tener que dar los promotores fotovoltaicos a los agricultores que se presten a esto, ha de ser elevada.
ASAJA asesorará a los agricultores que firmen contratos con los promotores fotovoltaicos para cumplir con estas medidas compensatorias que le impone la Junta a estos últimos, un asesoramiento que abarcará los aspectos jurídicos de la relación contractual, y las compensaciones que han de recibir, así como el aspecto fiscal de las mismas. También, la organización agraria, pedirá a la Junta que estas medidas se adopten en la misma comarca en la que se encuentra el parque fotovoltaico, y en todo caso en la provincia, y pedirá alguna flexibilidad agronómica y la compatibilidad con las ayudas de la PAC. La organización agraria estará vigilante para que la medida se cumpla en todos sus extremos, exigiendo que, cada año, la administración competente haga los correspondientes controles.
