El vicepresidente de la Diputación de León interpuso el 5 de agosto un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto de 27 de julio de 2021 por el que se acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en su demanda a José Antonio Turrado, por un presunto delito de calumnias, a raíz de las declaraciones al respecto del reparto de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, reparto en el que el vicepresidente Matías Llorente fue “juez y parte”.
En un nuevo auto del 21 de septiembre el Juzgado desestima el recurso de reforma, confirmándolo en todos sus extremos. El Juzgado valora que “la parte querellada ha expresado su parecer personal sobre asunto que le afecta de forma importante, en el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su modalidad de comunicación de pensamientos, ideas u opiniones, no con ánimo de menospreciar o desacreditar, sino de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto, el de manifestar su desacuerdo con un sistema de reparto que entiende que le perjudica, y beneficia a su adversario político, debiendo tenerse en cuenta que en el ámbito del debate político, las fronteras de lo constitucionalmente tolerable son todavía más laxas que en los demás ámbitos”.
ASAJA pide al equipo de gobierno en la Diputación que deje de contraatacar con querellas que tratan únicamente de tapar la realmente importante, que es la presentada por ASAJA en vía penal por el delito de prevaricación tanto al Vicepresidente como a la Diputada de Desarrollo Rural, así como un recurso contencioso administrativo impugnando el acuerdo del reparto de las ayudas. ASAJA pide al PSOE y a la UPL que aparten a Matías Llorente de responsabilidades públicas desde las que busca el lucro personal y el de las asociaciones que representa, y que retomen un reparto de ayudas a las organizaciones agrarias en el que se tenga en cuenta la representatividad y el papel de estas en la representación y los servicios al campo.
