La organización agraria ASAJA de León ha recibido con enorme satisfacción la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León, firmada ayer 4 de julio, por la que se anula y deja sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de 30 de octubre de 2021, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto por ASAJA frente al acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de 30 de octubre de 2020 por la que se aprobaban las “bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y a entidades asociativas agrarias para el año 2020”, así como también el acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de febrero de 2021 por el que se conceden las citadas subvenciones.
El principal argumento que ha valorado el Juez ha sido la falta de concurrencia competitiva, dada la inexistencia de criterios de valoración de los expedientes. Respecto al conflicto de intereses al que se aludía en la demanda, en las personas de los diputados Matías Llorente y Avelina Vidal, por sus cargos en Ugal-Upa y en la cooperativa Ucogal, la sentencia determina que aún “resultando patente e indiscutible la existencia de conflicto de intereses, los acuerdos de la Junta de Gobierno se adoptaron por unanimidad, por lo que no es posible sostener que la intervención de los citados resultó decisiva para la adopción del acuerdo, además de tratarse de una cuestión dilucidada ya en el proceso penal sobreseído”.
La organización agraria exigirá la anulación de la convocatoria de ayudas de 2021 y espera un cambio en la gestión de la Diputación. ASAJA señala que los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación actuaron en beneficio del poder político y denuncia el conflicto de intereses de algunos diputados.
La sentencia obliga a devolver 209.999,94 euros, de los cuales 13.770,68 euros corresponden a la demandante, ASAJA de León. ASAJA exigirá que a la vista de la sentencia se anule la convocatoria de estas mismas ayudas del año 2021, regida por idénticas bases, una convocatoria que se encuentra suspendida por propuesta del Presidente vista en el Pleno y comunicada a las partes el 22 de febrero de 2022. La sentencia deja de manifiesto que los servicios técnicos y jurídicos de Diputación se pusieron al servicio del poder político, en las personas de Matías Llorente (UPL) y Avelina Vidal (PSOE) haciendo informes ad hoc que llevaron a acuerdos que ahora anulan los tribunales de justicia.
En opinión de ASAJA, los diputados del equipo de gobierno cedieron, aun a sabiendas de estar haciendo el mal, a las pretensiones de Matías Llorente y de Avelina Vidal de perjudicar a ASAJA y beneficiar a Ugal-Upa, y aunque los diputados del PP, como partido de oposición, no intervinieron en los acuerdos, la mayoría de ellos, y en particular Raúl Valcarce, hicieron suyos, incluso en sede judicial, todos los planteamientos políticos del vicepresidente Matías Llorente.
ASAJA espera que con esta sentencia, y sobre todo con la llegada de un nuevo Gobierno a la Diputación, de la composición que sea, se cierre una etapa en la que no se ha reconocido el papel de las organizaciones agrarias, y en particular de la mayoritaria que es ASAJA, en la defensa profesional de los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia, y que se ha utilizado el dinero público para influir en los resultados de las elecciones agrarias de enero de este año, en las que, por cierto, ASAJA ganó de nuevo con clara mayoría absoluta, por lo que fracasaron en su estrategia.
ASAJA espera que el Presidente en funciones, que ha tenido una gestión nefasta, no tenga la osadía de recurrir la sentencia, con depósito de fianza incluido, acto para el que seguramente no tenga poderes al estar en funciones. Esta sentencia es un éxito del gabinete jurídico Alvarez Higuera Abogados, vinculado con ASAJA desde hace más de tres décadas, y en este caso en concreto del colegiado Jorge Álvarez Samartino, como abogado de la demandante.
