Uno de los aspectos más controvertidos para ASAJA es el incremento del precio mínimo de la explotación de pastos, que pasa de 3 euros por animal y mes a 4 euros por animal y mes, representando un aumento del 33%. Este aumento también se aplica al arrendamiento de espacios para colmenas y a otros tipos de aprovechamientos, como la leña para consumo doméstico. Aunque las cantidades recaudadas benefician a los propietarios de los pastos y a las juntas vecinales, la Junta de Castilla y León retiene un 15% en concepto de tasas o licencias, que teóricamente se reinvierten en mejoras en los montes. ASAJA recuerda que el sector ganadero ha enfrentado una de las peores sequías en años y está pagando precios elevados por paja y forrajes en zonas agrícolas debido a la falta de cosecha. En estas circunstancias, considera que el aumento propuesto es perjudicial para el sector.
Otra novedad en la directriz es la obligación de que los beneficiarios de los pastos estén presentes en ellos durante al menos 5 meses. ASAJA señala que muchos pastos se agotan antes, especialmente en años secos, y que a veces incluso se agotan las fuentes de agua para el ganado. Por lo tanto, no es razonable exigir a los ganaderos, muchos de los cuales realizan trashumancia, que pasen largas horas supervisando a sus rebaños.
ASAJA también expresa su desacuerdo con las cargas ganaderas máximas y mínimas establecidas, que han experimentado cambios significativos en comparación con ejercicios anteriores. Aunque la organización reconoce la necesidad de regular esto y garantizar un aprovechamiento efectivo, sostiene que las cargas ganaderas deben calcularse en función de los coeficientes de admisibilidad de pastos y no en función de la superficie bruta de la parcela. Este criterio es el utilizado por la Unión Europea para todos los efectos.
Finalmente, ASAJA critica la falta de coherencia entre los diferentes departamentos del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Mientras que la Consejería de Agricultura, en colaboración con las organizaciones agrarias, ha congelado las tasas para la explotación de pastos y rastrojeras adjudicadas por las juntas agropecuarias locales, la Consejería de Medio Ambiente, de manera independiente, las ha incrementado en un 30%. Este aumento, además de sus efectos directos, crea un incentivo para que las entidades locales y los particulares aprovechen la oportunidad.
