La UPL afirma que la Junta, en lugar de asumir su competencia, ha trasladado la responsabilidad a las Diputaciones, asignando una suma insuficiente de tan solo 65.000 euros para llevar a cabo un estudio.
Según los leonesistas, esta cantidad resulta completamente insuficiente y solo permitirá realizar un estudio para cuantificar a cuántos afectará el cambio en la recepción de los canales públicos, sin proporcionar una solución efectiva al problema. Los diputados de la UPL señalan que esta actitud constituye una nueva forma de discriminación hacia los habitantes del medio rural, especialmente aquellos en zonas de sombra que dependen de antenas parabólicas y decodificadores.
Enfatizan que muchos municipios, en particular en la montaña leonesa, se verán afectados por esta medida, considerándola un retroceso económico y una discriminación hacia los pueblos rurales. La UPL sostiene que los costos ya fueron sufragados en el pasado para adquirir descodificadores SD, y ahora los residentes afectados deben enfrentarse a una nueva inversión que supera los 400 euros por unidad para acceder a la Alta Definición y a los canales públicos en estas localidades.
Ante esta situación, la UPL exige a la Junta de Castilla y León que asuma sus competencias y busque una solución adecuada para garantizar que todos los leoneses tengan igualdad de oportunidades, considerando esta problemática como parte integral de la lucha contra la despoblación en la región.
