Desde Izquierda Unida, se han unido al respaldo de las juntas vecinales de Castrillos de Cepeda, Cogorderos y Villamejil, propietarias de los terrenos afectados, quienes ya han manifestado su oposición al proyecto.
El informe medioambiental del proyecto fue aprobado por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transición y publicado en el BOE el 9 de octubre.
Izquierda Unida señala que la zona ya cuenta con parques solares, y la producción de energía en la comarca supera la producción de algunas Comunidades Autónomas, lo que consideran como un ejemplo del "colonialismo energético" que ha afectado a León. Según Carmen Franganillo, coordinadora local de la organización, el proyecto es incompatible con la conservación de los valores naturales, paisajísticos y culturales de la zona y representa una nueva amenaza al territorio.
El proyecto se perfila como uno de los más grandes de España, con casi 800 hectáreas de terreno y 762,400 paneles solares instalados.
Para Ángel Núñez, coordinador de la Asamblea de IU de Astorga, el desarrollo de macroproyectos en zonas rurales va en contra de las políticas sostenibles y equitativas que deberían implementarse en estas áreas. Argumenta que esto constituye una forma de colonialismo de los centros de consumo urbanos sobre el medio rural, lo que no es sostenible ni equitativo y atenta contra el patrimonio natural, además de afianzar la despoblación.
Izquierda Unida exige nuevos estudios de impacto ambiental independientes y la consideración de las opiniones de los propietarios legales de los terrenos. También aboga por una reorganización de los proyectos para que la energía se produzca donde se consuma, frenando así la proliferación de proyectos en provincias con menos población. Alegan que el impacto ambiental de estos proyectos es significativo y afecta a la economía local.
Los terrenos en cuestión son comunales y son esenciales para el desarrollo de pequeñas explotaciones locales y, por tanto, para mantener la población en las zonas rurales.
Izquierda Unida hace un llamado a las instituciones de León para unirse en la lucha contra estos megaproyectos y respaldar el desarrollo de las áreas rurales, así como el derecho de los residentes a no ser despojados de sus tierras.
