El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) al confirmar la ilegalidad de las ayudas otorgadas por la Diputación de León en la convocatoria de 2020. Esta sentencia, que se produce tras un recurso de apelación interpuesto por la Diputación contra una resolución previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León, establece que los acuerdos de la Junta de Gobierno provincial favorecieron a ciertas asociaciones y entidades agrarias de manera irregular.
Aunque la Diputación ha logrado evitar una condena a costas, la sentencia no es firme y puede ser objeto de un recurso de casación. ASAJA, que había presentado el recurso inicialmente, ha instado al equipo de gobierno de la Diputación a aceptar el fallo judicial y a asumir la responsabilidad de lo que considera una estrategia “caciquil” destinada a beneficiar a “amigos políticos” en detrimento de otras organizaciones.
La organización agraria ha solicitado la ejecución de la sentencia, lo que implicaría la devolución de los fondos recibidos por las asociaciones y cooperativas implicadas, así como la creación de nuevas bases reguladoras que sean equitativas y respeten la legalidad.
ASAJA también ha puesto de manifiesto el conflicto de intereses en la Diputación, al señalar que un vicepresidente de la institución pertenece simultáneamente a las filas de UPL y dirige una organización agraria, Ugal-UPA. Esto, según ASAJA, le permite influir en la política agraria desde su cargo, lo que compromete la imparcialidad en la distribución de ayudas.
Finalmente, la organización ha exigido al equipo de Gobierno que informe a los grupos de la oposición sobre la sentencia, dado que en las comisiones informativas de Agricultura y Desarrollo Rural de la Diputación se han ignorado las resoluciones de tres sentencias diferentes que cuestionan los repartos realizados en varios ejercicios económicos.
