Esta decisión se basa en la preocupación de que esta medida representaría un agravio comparativo, especialmente para regiones que, como Castilla y León, han mantenido la deuda bajo control y han equilibrado sus finanzas.
Además, la Comunidad buscará evitar mediante acciones judiciales cualquier favoritismo específico en la financiación de las autonomías.
Mañueco expresó sus inquietudes durante su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Señaló que la condonación de deuda ataca directamente el principio de igualdad entre todos los ciudadanos y fomenta la falta de solidaridad entre territorios. Argumentó que esta medida, que parte de una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica, destruiría los principios de igualdad y solidaridad.
El presidente de la Junta afirmó que la condonación de deuda refuerza la desigualdad al eximir a ciertas comunidades separatistas de respetar la ley y menospreciar a los ciudadanos que no respaldan el separatismo.
Esta acción también socava el principio de solidaridad al fomentar favoritismos, lo que perjudicaría tanto a Castilla y León como a toda España. Si se aprueba la condonación de deuda para unos pocos o se implementan favoritismos específicos en la financiación de las autonomías, Castilla y León tomará medidas judiciales para evitarlo.
Mañueco destacó el perjuicio que esto causaría a regiones que han trabajado para contener la deuda y equilibrar sus finanzas, así como a territorios que están infrafinanciados. También mencionó la discriminación que supondría preferir inversiones en infraestructuras para comunidades con proyectos pendientes en carreteras, ferrocarriles y recursos hídricos, como Castilla y León.
El presidente de la Junta enfatizó que esta medida no es una reconciliación o concordia, sino un simple contrato mercantil: amnistía a cambio de votos.
Finalmente, exhortó al presidente del Gobierno, Sánchez, a reconsiderar sus acciones en beneficio de España y a adherirse a los principios constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad. La Constitución no debe ser tratada como una goma que se pueda estirar o encoger a voluntad, y la igualdad de los españoles no es negociable, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones particulares
